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30/05/2025 ACTUALIZADO A LAS 19:26H. EL CASTELLANO SERÁ LENGUA VEHICULAR en la escuela por ley. El Gobierno balear de Marga Prohens se compromete con Vox a modificar la Ley de Educación de
Baleares para asegurar que la lengua oficial del Estado tenga el mismo estatus que el catalán en las aulas, algo que no sucedía hasta ahora. Se trata de una de las principales medidas
lingüísticas acordadas entre PP y Vox recogidas en un pacto que desencalla las cuentas de la Comunidad Autónoma para este 2025. Esta exigencia de Vox, sin embargo, no es una cuestión nueva
para el PP. Cuando en 2022, el gobierno de izquierdas liderado por la socialista Armengol ultimaba la primera ley educativa balear de la historia, los populares -entonces en la oposición-
acordaron con el PSOE que tanto el castellano como el catalán fueran LENGUAS VEHICULARES EN LAS AULAS. Este punto se llegó a aprobar en ponencia, paso previo a la validación definitiva, pero
un día antes de que la ley educativa se convalidara en el Parlamento regional, los socialistas dieron marcha atrás por las presiones de sus socios nacionalistas de Més, además de la Obra
Cultural Balear, principal entidad soberanista en las Islas, que amenazó con movilizaciones. ARMENGOL NO GARANTIZÓ NI UN 25% DE CASTELLANO Finalmente, Armengol suprimió 'in
extremis' estos apartados que hacían referencia a la vehicularidad de las lenguas cooficiales en la enseñanza en Baleares. Dejó en manos de los equipos directivos la decisión del peso
de las lenguas en el horario escolar. Eso permitía aplicar una inmersión lingüística de facto en la gran mayoría de los centros educativos. El uso del castellano no quedó garantizado –NI
SIQUIERA EL 25%-, mientras se obligaba a dar al menos el 50% en catalán. De hecho, la izquierda acordó dar únicamente el estatus de lengua vehicular al catalán, definida como la «lengua
propia» y «lengua vertebradora de la enseñanza», mientras que el español quedó rebajado a «lengua de enseñanza y aprendizaje del sistema educativo», al mismo rango que un idioma extranjero.
Lo que ahora harán PP y Vox es revertir la supresión de este apartado, que en su día encendió los ánimos de los populares, que se enteraron por la prensa el mismo día de la aprobación de que
su acuerdo con los socialistas no se cumpliría. Así, PP y Vox estudiarán, junto con los servicios jurídicos, cómo encajarlos en la Ley balear de Educación para que tanto el catalán como el
castellano sean lenguas vehiculares de la enseñanza, y que no se discrimine el castellano como hasta ahora. «Damos un paso importante pero mañana vamos a por el siguiente», advirtió este
viernes la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, satisfecha con el acuerdo, sin ocultar que su partido seguirá «luchando» para derogar el Decreto de Mínimos. La ley que establece
que los colegios impartan al menos el 50% de horas de clases en catalán, sin fijar un tope máximo, lo que ha permitido estos años aplicar una inmersión lingüística de facto. Días atrás, la
diputada de Vox declaró que el PP tenía que «firmar con sangre» este pacto presupuestario para que le doliese y lo cumpla. El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, se mostró
«TOTALMENTE ORGULLOSO Y SATISFECHO» de este acuerdo, negando la incomodidad de su partido en el aspecto lingüístico. El PP repite que «no se ha transgredido ninguna línea roja». Es decir, no
modificará el Decreto de Mínimos, la Ley de Normalización Lingüística y el Estatuto de Autonomía. PP y Vox también acuerdan extender el plan piloto de libre elección de lengua. Un programa
voluntario que funciona desde el curso pasado y que permite estudiar dos asignaturas en castellano o catalán, a elección de las familias con hijos en 4º de primaria. Once centros educativos
se adhirieron el pasado año, a pesar de la campaña de boicot lanzada por las principales entidades catalanistas de las islas. El PSOE se opuso a que los padres puedan elegir lengua y
defiende la inmersión lingüística como un modelo de éxito. En cuanto a la elección de lengua de escolarización, el Gobierno balear permitirá que las familias puedan elegir, entre catalán y
castellano, desde el proceso de matrícula y de forma telemática, como reivindicaba Vox. Se evita así que las familias reciban presiones por parte de los equipos directivos. Además, se
flexibilizarán los requisitos de catalán en titulaciones y oposiciones docentes, especialmente en plazas de difícil cobertura para que no haya niños sin clase por falta de profesor. Una
situación que ya se está sufriendo en zonas concretas, como en Formentera. Más allá del ámbito educativo, se implantarán medidas para garantizar que todos los trámites, formularios y
comunicaciones de la administración pública estén disponibles en ambas lenguas oficiales. SE REVISARÁN LOS REQUISITOS LINGÜÍSTICOS EN LAS BOLSAS DE EMPLEO PÚBLICO para evitar que el catalán
sea un obstáculo en puestos sin atención directa al ciudadano. También se amplía de dos a cuatro años el plazo para que los empleados públicos estabilizados sin la titulación de catalán
puedan obtenerla sin perder su plaza. Reportar un error