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Mientras en el Gobierno del Chaco afirman no haber recibido todavía requerimiento judicial alguno sobre los movimientos de Sergio Schoklender en esta provincia durante el período en el que
fue apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, desde la gestión de Jorge Capitanich defienden los convenios suscriptos con esa organización y consideran que el escándalo por el
manejo de fondos es “un problema administrativo” que no tiene por qué afectar la relación entre las partes.
El Chaco es una de las jurisdicciones en las que más obras se adjudicaron a la Misión Sueños Compartidos , el programa de la Fundación Madres que capitaneaba Schoklender. Aquí se firmaron
convenios que involucran inversiones por 347 millones de pesos para realizar viviendas, centros sanitarios y hospitales. De ese total ya se habrían pagado certificados por casi 190 millones.
“Estamos orgullosos y muy seguros de este programa que ha beneficiado a miles de chaqueños y que hoy emplea a 1.200 trabajadores”, dijo Jorge Franco, coordinador de la Unidad Ejecutora de
Obras y Programas Especiales (UEPE), la dependencia que maneja a nivel local el vínculo con la fundación. Para él, las acusaciones contra el ex apoderado son “un problema administrativo” que
no va a alterar la continuidad de los planes acordados.
“Necesariamente el gobierno de la provincia debía tener relación con Schoklender, porque era quien figuraba como apoderado de la fundación. En este caso, si esta persona tiene algún problema
con la Justicia, lo tendrá que dirimir allí. No es el Chaco donde tienen que buscar los problemas con respecto a este programa”, sostuvo.
La polémica sobre quién debía controlar las obras ahora cuestionadas de la Fundación crecieron desde que el Gobierno nacional, a través del ministro De Vido y los subsecretarios Fatala y
Bontempo, buscaron trasladar a las administraciones locales la responsabilidad sobre cómo avanzaban las viviendas sociales.
Franco es uno de los funcionarios chaqueños contra los que apunta el polémico dirigente piquetero Emerenciano Sena, cuyo movimiento estaba a cargo de la ejecución de un barrio de viviendas
financiado por la fundación hasta que él se enfrentó con Schoklender y cruzaron acusaciones. Según Sena, el Gobierno provincial libraba certificaciones por obras que en realidad no estaban
ejecutadas.
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