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Publicado por Clara Alba Madrid Creado: 02.06.2025 | 03:30 Actualizado: 02.06.2025 | 03:30 Impacto en el empleo, en la inclusión financiera y en la cohesión territorial. Son tres de los ejes
que marcarán la decisión del Consejo de Ministros de imponer —o no— nuevos requisitos a la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, al margen de los establecidos ya por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC). La posibilidad de que el Ejecutivo obligue a la entidad a no acometer despidos o a no cerrar sucursales —ante el riesgo de exclusión en determinadas
regiones— ha estado siempre sobre la mesa. Sin embargo, fuentes conocedoras señalan que esa condición podría ser asumida, aunque con reticencias, por parte de BBVA, ante la expectativa de
que se limite a un periodo de tiempo determinado que no impactaría de forma extrema en las sinergias esperadas a largo plazo. «En nuestro escenario base esperamos la aprobación del Gobierno
con condiciones adicionales, pero no estructurales que obliguen a BBVA a retirarse», indican los analistas de Renta 4 Banco. Esa idea se ha reforzado después del toque de atención enviado
desde Bruselas a Moncloa, que esta semana ha mostrado sus reticencias a la decisión del Ministerio de Economía de elevar la operación al Consejo de Ministros, incluso después de que la misma
haya recibido el visto bueno de Competencia y la no oposición del Banco Central Europeo (BCE). "No tenemos conocimiento de ninguna razón que pueda justificar el rechazo o el bloqueo de
la operación, por lo que esperamos que el Gobierno español se ajuste a las decisiones de las autoridades competentes", apuntaban esta semana fuentes de la Comisión Europea. Ese es el
ánimo que también se percibe en el seno de la entidad vasca, donde una de las grandes preocupaciones es el peso político que ha cogido la operación en los últimos tiempos y que fuentes del
mercado señalan, precisamente, como el principal riesgo para que la posterior fusión salga adelante. "Al final es Pedro Sánchez el que va a decidir si hay o no fusión. Y todo va a
depender mucho de los pactos a los que puedan llegar con Junts", apunta un alto directivo financiero, que recuerda que el partido catalán también es contrario a la unión de los dos
bancos, a pesar de que su representante en Competencia votó a favor de la oferta de BBVA. En todo caso, el consenso coincide en que la irrupción de Bruselas -y la amenaza de un expediente
sancionador si el Gobierno se excede en sus funciones- obliga al Ejecutivo, al menos, a medir mucho sus pasos. Despidos e inclusión Fuentes consultadas señalan que si las condiciones que el
Consejo de Ministros debe hacer públicas en un plazo de 30 días naturales se centran en el ámbito del empleo y la inclusión financiera, BBVA las asumirá "sin problema". Recuerdan
además que los procesos de reestructuración se han hecho siempre con acuerdo con los sindicatos y, por norma general, sin ser demasiado traumáticos. Sin ir más lejos, más de 2.800
trabajadores del BBVA y de Banco Sabadell que solicitaron salir de estas entidades en sus últimos ERE, en 2021, se quedaron sin poder hacerlo al superar las salidas ofrecidas por ambas
entidades, según datos recopilados por Efe. El ajuste de personal es una de las grandes preocupaciones que Gobierno y sindicatos han manifestado para justificar su oposición a la unión de
los dos bancos. Pero el propio Carlos Torres ya ha asegurado que las cifras que han llegado a manejarse, de entre 7.000 y 10.000 trabajadores afectados, están "fuera de la
realidad". En todo caso, las condiciones que pueda imponer el Gobierno en este sentido, aunque sean asumibles, impactarán en el cálculo inicial de sinergias, estimadas en 850 millones
brutos al año, de los que 450 millones corresponderían a costes de administración y tecnología, 100 millones a ahorros financieros y 300 millones a gastos de personal que el propio
Ministerio de Trabajo cifra en 4.000 afectados. El mercado descuenta que, tras recalcular con todas las nuevas imposiciones, BBVA podría alcanzar entre el 65% y el 70% de los ahorros de
costes totales previstos, incluso si finalmente se produce una opa sin fusión. La entidad vasca maneja desde el inicio de la operación esta posibilidad. Y aunque no es su escenario central,
ya trabaja para incluir esos cálculos en el folleto que debe aprobar la CNMV antes de abrir el periodo de aceptación, para que los accionistas decidan con toda la información sobre la mesa,
conscientes de que incluso si la presión del Gobierno obliga a mantener a Sabadell como una filial, la integración total podría abordarse en un momento posterior. "En cualquier caso, la
probabilidad de éxito de la opa es reducida si BBVA no mejora la ecuación de canje", apunta el departamento de análisis de Bankinter en un análisis reciente. Los minoritarios del
Sabadell se revuelven a la espera de una mejora de la oferta Tras un proceso que dura ya más de un año, las posibles condiciones del Gobierno a la opa no son el último obstáculo que BBVA
tendrá que salvar para cerrar sus planes con éxito. Si se llega al periodo de aceptación, uno de los grandes retos será convencer a los pequeños accionistas que copan un 49% del capital del
capital del banco, según apunta Jordi Casas, presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Sabadell. Buena parte de ellos, además, son clientes de la entidad. De ahí que el
componente emocional juegue un papel clave en la decisión final de este colectivo, que ya sufrió la salida de la entidad de Cataluña tras el 1-0. "Si aguantó en ese momento, cómo va a
vender ahora", apunta Casas, considerando que esta será la opción mayoritaria incluso con una posible mejora en la oferta de BBVA, que el banco de momento rechaza. "Esa pequeña
rentabilidad que pudiera ofrecer en caso de mejora, podemos lograrla con los dividendos del Sabadell", añade. EL AJUSTE DE PERSONAL ES UNA DE LAS GRANDES PREOCUPACIONES QUE GOBIERNO Y
SINDICATOS HAN MANIFESTADO PARA JUSTIFICAR SU OPOSICIÓN A LA UNIÓN