Funciona mal porque proporciona resultados injustos y arbitrarios. Además, está obsoleta y son muy pocos los que consiguen entender cómo funciona por su complejidad, por el diseño

contradictorio de los fondos y subfondos que la integran y por la opacidad del Gobierno sobre algunas valoraciones decisivas en el reparto final. Por si fuera poco, es uno de los principales

obstáculos al cierre, después de casi medio siglo, de la Constitución o, más concretamente, del Título VIII de la misma, que es el que se refiere a las autonomías. Por supuesto, estamos

hablando de la financiación de las comunidades autónomas. A. de la Fuente (Fedea) acaba de publicar su análisis sobre la liquidación del ejercicio 2021. Un año todavía excepcional por el

Cantabria, Baleares y La Rioja. Extremadura aparece en cuarto lugar, lo que no impide inferir que el sistema no solo no ayuda a la corrección de las desigualdades territoriales, sino que más

bien tiende a consolidarlas. Añadamos que las comunidades que más contribuyen a la redistribución de rentas, es decir, a la solidaridad, son, lógicamente, las más ricas, es decir, Baleares,

Cataluña y, sobre todo, Madrid, que recauda buena parte de los impuestos que se soportan en el resto del territorio nacional. No figuran en el cómputo, porque no contribuyen, País Vasco y

Navarra. Las beneficiarias son las de menor PIB por habitante, salvo excepciones, aunque aquí la lógica también queda difuminada. Las más beneficiadas son Canarias, debido a su particular

régimen fiscal, y Extremadura, la de menor PIB por habitante. A continuación aparecen Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Cantabria, todas ellas mejor tratadas que

Andalucía, pese a ser la penúltima en PIB por habitante, solo por delante de Extremadura. Son algunas características de un modelo que ya nació deforme en 2009, debido a los múltiples

zurcidos que debió aplicar su creador, Zapatero, para conseguir la aceptación de todas las comunidades, que son la causa original de su evolución hacia la incoherencia. La renovación es

urgente desde hace una década, pero son muchos los obstáculos debido al conflicto de intereses entre comunidades. El más importante es de naturaleza política y vuelve a protagonizarlo

Cataluña. Lo importante para el independentismo no es solo que el nuevo acuerdo les favorezca financieramente, sino que su caso se acuerde de forma bilateral con el Estado, sin participación

del resto de comunidades. En definitiva, un pacto fiscal similar al de País Vasco y Navarra, con sus consiguientes privilegios políticos y económicos, que tan lucrativos pueden resultar

cuando la aritmética parlamentaria dificulta la formación de mayorías. Por cierto, Cataluña recibió en 2021 una financiación por habitante ligeramente superior la media (101,7%).