Los trabajadores de los Registros civiles aseguran que la recopilación de licencias de enterramiento y la información sobre fallecimientos en todo el país remitidos el pasado miércoles al

Ministerio de Justicia, como solicitó éste para ofrecer una "información veraz, contrastada y lo más objetiva posible" a la ciudadanía, no son suficientes para saber cuántas

personas han muerto en España por coronavirus. "Es imposible", explican a _El Independiente_, y reprochan a Justicia que no solicitara antes (no lo hizo hasta el 4 de abril e

insistió con una nueva circular este sábado, 11 de abril) la actualización diaria de fallecidos. También le afean que no pusiera personal adicional en los Registros civiles y los Juzgados de

inscripción inmediata en los registros, dejando esa labor para más adelante porque no damos abasto", expone un representante del Sindicato de los Trabajadores de la Administración de

Justicia (STAJ), quien también aclara que a pesar de las limitaciones, la mayoría de Registros enviaron la información requerida por Justicia. LA "CAUSA DE LA MUERTE" Las fuentes

citadas reflexionan sobre la dificultad que supondría especificar la "causa de la muerte" -dato que no ha pedido Justicia en sus circulares- según la información de los Registros.

El Gobierno únicamente reclama el número de defunciones, de licencias de enterramiento, la localidad y el lugar (hospital, residencia o vivienda habitual) . > En las inscripciones de 

defunción no se pone la causa de la muerte. > Deberíamos ir a los legajos, donde se archivan los certificados > médicos de defunción, con lo que la búsqueda sería bastante > 

complicada, aunque no imposible "Sería muy difícil y muy lento recabar ese dato, ya que en las inscripciones de defunción no se pone la causa de la muerte. Deberíamos ir a los legajos,

donde se archivan los certificados médicos de defunción, con lo que la búsqueda sería bastante complicada, aunque no imposible", explican. Aún así, aclaran: "Si no se ha realizado

el test del virus (que solo se hace en los hospitales) no puede saberse la causa de la muerte. Como mucho, el médico certificará además de la causa última (parada cardio-respiratoria, fallo

multiorgánico...) la enfermedad que la provocó, que podrá ser compatible con Covid-19. Pero, ¿cómo puede saberse la causa de la muerte sin test ni autopsia, si ocurrió fuera de un

hospital?", se preguntan. NINGUNA REFERENCIA EN LAS RUEDAS DE PRENSA El Ministerio de Justicia urgió el martes pasado los Registros civiles de toda España para que remitieran, antes de

las 14.00 horas del miércoles Santo, la información de fallecimientos desde el 14 de marzo, día de la declaración del estado de alarma, hasta el 7 de abril. Una petición con la que el

Gobierno pretende esclarecer la cifra real de fallecidos por coronavirus en nuestro país. A pesar de la urgencia en la petición de los datos, tan sólo el ministro de Sanidad, Salvador Illa,

se se refirió a éstos ante la pregunta de un periodista en rueda de prensa el miércoles: "Tendremos la información a lo largo del día de hoy, la analizaremos y la daremos a conocer en

cuanto podamos". Después, ningún ministro ha especificado si se ha hecho ya algún ajuste tras analizarla. Los trabajadores ven "materialmente imposible" que todos los

registros enviaran toda la información requerida en la fecha fijada. "El Ministerio tomó de manera unilateral la decisión de implantar el teletrabajo, cosa que nos parece bien si se

hubiera planificado cómo nos organizaríamos, porque nos encontramos con trabajadores que utilizan sus propios medios informáticos y después deben ir a los registros a imprimir las

inscripciones. Una absoluta ausencia de planificación e información que ha impedido utilizar el Registro civil como una fuente más de información sobre el número de fallecidos en

España", afirman desde la Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF). MUNICIPIOS QUE NO RECIBEN LAS PETICIONES La descentralización de nuestro país dificulta la

recopilación de datos que pretende Justicia. Muestra de ello es que el miércoles, 8 de abril, algunos registros ni siquiera habían recibido la instrucción del sábado (4 de abril) de la

Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para que remitieran l a información diaria, según alertan los sindicatos. Este sábado, 11 de abril, después de comprobar que el correo

electrónico habilitado para recibir la información diaria había colapsado, la Dirección General envió una nueva circular en la que anunciaba que "se ha puesto en marcha un mecanismo de

comunicación basado en encuestas diarias que permitirá cumplimentar los datos de forma segura y sencilla y que sustituirá al envío de correos electrónicos que se establecía en la Instrucción

de 4 de abril". "En un montón de municipios es el juez de guardia quien acude al lugar del fallecimiento con un funcionario que más tarde debe registrar la muerte. En algunos

sitios, incluso el ayuntamiento remite la información al Registro. Con el estado de alarma, muchos consistorios están cerrados y los funcionarios trabajan en casa. Es muy complicado ofrecer

información diaria actualizada", explican desde STAJ. La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), califica la gestión del Gobierno alrededor de los

Registros directamente de "caos" e "ineficacia de récord" por, entre otras cosas, hacer tales peticiones 21 días después de la declaración del estado de alarma.

Consideran también que los Registros se deberían limitar a "expedir las licencias de enterramiento y efectuar las inscripciones de defunción", que ya desbordan al personal

disponible, y que el Instituto Nacional de Estadística se encargue del recuento. Una opinión que comparten en STAJ, donde ven que según se ha gestionado la crisis sanitaria, ahora sólo cabe

hacer una comparación estadística entre los fallecidos en años anteriores y éste, sin diferenciar entre quienes murieron por coronavirus o por otras causas, dado el alto número de enterrados

a quienes no se hizo autopsia ni test.