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La jueza que ha propuesto sentar en el banquillo a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha destacado el "comportamiento fraudulento" de este empresario, que se
habría servido de quince "FACTURAS FALSAS" giradas entre 2020 y 2021 para defraudar, presuntamente, 350.951 euros al erario público. El PRESUNTO FRAUDE por el que en un principio
el abogado de González Amador trató de llegar a un acuerdo con el fiscal mediante el reconocimiento de hechos ha desembocado más de un año después en una resolución judicial que PROCESA A
ESTE EMPRESARIO y a otros cuatro más por fraude fiscal y falsedad documental. La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha puesto fin a esta rama de su investigación con la rotunda
oposición de la pareja de Díaz Ayuso, que NO VOLVIÓ A MOSTRAR VOLUNTAD ALGUNA DE PACTO durante la instrucción de esta causa y que solicitó una serie de diligencias para intentar demostrar su
inocencia. La jueza las ha rechazado y sus abogados han anunciado recurso. No obstante, la magistrada sigue investigando en una pieza separada si González Amador incurrió en posible
corrupción en los negocios en sus actividades comerciales con QUIRÓN PREVENCIÓN. Te puede interesar QUINCE FACTURAS QUE NO CUADRAN Para explicar la supuesta dinámica de fraude, la magistrada
toma de base el informe de la Agencia Tributaria que detectó el "incremento de ingresos" obtenidos por MAXWELL CREMONA, sociedad administrada por González Amador, "por la
intermediación" en la venta de material sanitario en 2020, año de la pandemia, "y por la percepción de cuantiosos INGRESOS FACTURADOS A SU PRINCIPAL CLIENTE QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.
EN 2021". Para reducir la tributación de esos ingresos, continúa la resolución, esta empresa "se dedujo indebidamente gastos" a través de varias facturas "que no se
corresponden con los servicios prestados" y por tanto son "FACTURAS FALSAS O FALSEADAS". En total, la jueza desglosa 15 facturas: una en 2020 por importe de 620.000 euros; y
otras 14 en 2021 que suman 1.100.985 euros. La primera, por ejemplo, fue emitida por una sociedad mexicana administrada por otro de los investigados y dedicada a la EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
ALIMENTARIOS Y CARTÓN, "actividad que nada tiene que ver con el concepto facturado", relativo a la comercialización de productos sanitarios. Además de estas facturas, la jueza
relata que en 2021 la empresa de González Amador facturó servicios a Quirón Prevención a través de Masterman & Whitaker SL, que "CARECÍA DE MEDIOS MATERIALES" y que la
magistrada considera una "sociedad interpuesta". LA COMPRA DE ESTA EMPRESA POR CASI MEDIO MILLÓN DE EUROS, donde la Fiscalía ve una comisión encubierta, protagoniza la otra rama de
la investigación que se mantiene abierta. Diligencias "innecesarias" que supondrían una "evidente dilación" Antes de proponer juzgar a González Amador, la magistrada ha
rechazado las últimas diligencias propuestas por sus abogados, encaminadas sobre todo a tratar de "DESVIRTUAR" UNA FACTURA DE 922.585 EUROS emitida por una sociedad de Costa de
Marfil por la intermediación en la venta de vacunas que Hacienda reporta como falsa. Una decisión duramente criticada por los letrados de González Amador en un comunicado remitido a EFE,
donde denuncian UNA "IRREPARABLE LESIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES". Los letrados, que han anunciado los respectivos recursos, cuestionan que la magistrada prorrogue la instrucción
el 3 de marzo y ahora no les deje practicar diligencias como la citación de varios testigos y UN INFORME PERICIAL PARA TRATAR DE REFUTAR LA CONSIDERACIÓN DE DOCUMENTOS COMO FALSOS. Tanto
González Amador como los empresarios ahora procesados rechazaron declarar ante la jueza. Según sus abogados, anunciaron su voluntad de hacerlo tras practicarse estas diligencias, en las que
sin embargo la jueza ha visto un intento de dilación del caso. LA DERIVADA DEL FISCAL GENERAL El inicial intento de llegar a un pacto del abogado de González Amador, CARLOS NEIRA, acabó
derivando en una investigación en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración del correo del letrado. Un correo del que se desvinculó
González Amador en su testifical en el Supremo, al decir que no tenía conocimiento del mismo y que él solo quería LA OPCIÓN QUE MENOS "RUIDO" GENERASE, aunque más tarde admitió que
su abogado le informó de que llegar a un pacto significaba reconocer los hechos. Neira, sin embargo, dijo que contaba con su mandato para enviarlo. El juez practicará este viernes las
últimas diligencias programadas antes de decidir si propone juzgar al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid o archiva el caso.