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A falta de un pleno monográfico, que viene solicitando en el Parlamento de Andalucía desde hace dos años, el Grupo Socialista convirtió este jueves su ... propuesta de crear una comisión de
investigación sobre los contratos de emergencia del SAS en un debate sobre el asunto que se ha convertido en su principal caballo de batalla contra el Gobierno andaluz: el estado de la
sanidad en Andalucía. Los socialistas abordaron el debate con la convicción previa de que la Cámara no daría vía libre a crear una comisión de investigación sobre un tema que se encuentra
judicializado -los contratos de emergencia firmados durante la pandemia y en ejercicios posteriores- y que mantiene en condición de investigados a cuatro cargos que han ocupado la gerencia
del SAS, pero no perdieron la oportunidad de relacionar ese asunto con las dificultades que enfrenta la sanidad en Andalucía. Lo hicieron, además, dentro del ambiente de máxima crispación
que vive en los últimos tiempos el Parlamento de Andalucía y que va camino de tensarse aún más conforme se acercan las elecciones y los escándalos que dominan la agenda política nacional
encuentran hueco en el debate autonómico. CLIMA DENSO Este jueves, además, el clima se presentaba especialmente denso por una confluencia de circunstancias: la no celebración de la sesión de
control por la ausencia del presidente de la Junta, la presencia en el edificio del Parlamento de María Jesús Montero con la clara intención de explotar y poner de relieve esa situación, el
traslado al plano andaluz del escándalo de Leire Fernández por la denuncia de que se estuvo espiando a Moreno y a otros miembros de su Gobierno y la acusación del consejero Paradela contra
el PSOE de haber actuado con mala fe en relación a su vínculo con una multinacional con la que estuvo trabajando hasta 2018. SÓLO EL PP VOTÓ EN CONTRA DE LA PROPUESTA DE CREAR LA COMISIÓN,
RESPALDADA POR TODA Y CON LA ABSTENCIÓN DE VOX Todo ello conformó un cóctel que alcanzó el culmen cuando la portavoz socialista, María Márquez, dirigió contra una amplia nómina de cargos de
la Junta y el PP, entre ellos Juanma Moreno, Juan Bravo, Elías Bendodo, Antonio Sanz y una larga lista, la afirmación de que están bajo sospecha «porque han jugado un papel trascendental en
el saqueo planificado a la sanidad pública en Andalucía, acelerar su privatización y engordar las arcas de la sanidad privada». Previamente, el debate había transcurrido por los senderos más
ásperos con continuas alusiones a cuestiones de la política nacional. La portavoz en materia de sanidad del PP, Beatriz Jurado, acusó a los socialistas de estar usando a la sanidad como
campo de batalla político, aseguró que cuando a los sanitarios andaluces se les menciona a María Jesús Montero «todavía la tiemblan las piernas» y aludió a la infrafinanciación de Andalucía
para aludir a los más de 1.500 millones «que el Gobierno de España nos roba cada año». Tras sostener que los contratos de emergencia se firmaron durante la pandemia para salvar vidas, Jurado
fundamentó la oposición de su grupo a la creación de una comisión de investigación sobre corrupción en la sanidad andaluza porque «no se puede investigar lo que no existe». «Lo van a
demostrar los tribunales -afirmó-, a los que no les enviamos fontaneros». La propuesta de crear la comisión fue rechazada con 36 votos a favor (PSOE, Por Andalucía y Adelante), 56 en contra
(PP) y 14 abstenciones (Vox).