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Martes, 8 de abril 2025, 13:19 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Guadix acuerda la apertura de juicio oral al alcalde de
Cogollos de Guadix, Eduardo Martos (PP) por la presunta comisión de delitos de infracción de trámites de voto por correo y de prevaricación por omisión tras la investigación de unos hechos
que tenían lugar en las municipales de mayo de 2023. En el auto de apertura de juicio oral, que ha adelantado Europa Press y ha podido confirmar IDEAL, se expone que el día de las elecciones
se registraron un total de 92 votos por correo en la mesa electoral, «una cantidad de votos total y absolutamente sorprendente para un municipio tan pequeño y con tan pocos electores» donde
además la población es eminentemente mayor, es decir, la que menos vota por correo por la facilidad para ir a urna. A una vecina octogenaria que tenía concedida la ayuda a domicilio, no se
le permitió el voto aduciendo que ya había votado por correo. Ese servicio lo prestaba una trabajadora municipal acusada en la causa, que había sido contratada directamente por el
Ayuntamiento sin pasar por proceso de selección. La señora mayor, negando haber votado por correo, denunció lo acontecido el 31 de mayo de 2023. CS, que ejerce la acusación popular, puso los
hechos en conocimiento de la Junta Electoral de Zona el 3 de junio de 2023. El 27 de junio de 2023, además, se elaboró y presentó ya ante los Juzgados de Guadix, una lista con «las
viviendas sospechosas de manipulación del padrón municipal» por «empadronamiento masivo de personas no residentes en viviendas titularidad de los padres» del alcalde, que es también en este
mandato diputado provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias en Granada, o «de personas allegadas al mismo, al PP o con vínculos con el Ayuntamiento». El asunto se ha tramitado como
procedimiento abreviado y su enjuiciamiento corresponde a la Audiencia Provincial de Granada. La fiscalía ha pedido el archivo. Sin embargo, el alcalde se expone, por el ejercicio de la
acusación popular por CS, a una petición de pena de seis años de prisión por la supuesta infracción y 15 meses de inhabilitación por la presunta comisión de la prevaricación por omisión.
Fuentes del TSJA destacan que el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento y hay pendiente recurso de apelación sobre el auto de procedimiento abreviado que no es suspensivo. El recurso
se elevó ayer a la Audiencia Provincial de Granada. Comenta Reporta un error