Hace décadas en un encuentro científico internacional en el que participaba y que tuvo una enorme trascendencia para la formulación de los acuerdos de París ... en orden a la declaración

sobre los procesos de desertificación y su repercusión en las dinámicas espaciales, en concreto a los procesos de inmigración africana hacia Europa. Se advertía que ya se había iniciado un

proceso migratorio que movilizaría a unos veinte millones de africanos en las próximas décadas debido a los procesos de desertificación, inestabilidad política y desigualdades sociales. La

mala gestión de los usos del suelo por sobrepastoreo, abandono de tierras agrícolas y malas prácticas agrícolas, estaban produciendo un proceso de pérdida de la capacidad productiva del

provocaban y los enfrentamientos tribales e integristas, generando inseguridad, pobreza y déficit sociales de todo tipo, siendo el más acuciante el sanitario. La posibilidad de un cambio

radical de vida como consecuencia del acceso a Europa y las oportunidades que se ofrecían, determinaron los procesos migratorios hacia los países de la frontera sur europea utilizando los

medios a su alcance y orientando su destino en función de la presencia de familiares o paisanos que ya comenzaban a instalarse en determinados enclaves territoriales. Paralelamente, las

autoridades nacionales de Francia, Italia y España comenzaron a plantearse la necesidad de ordenar estos procesos migratorios y/o restringirlos. Sin embargo, no lograron frenar el proceso;

la razón era que la inmigración se había convertido en una fuente de ingresos económicos para los estados emisores de emigrantes y para las mafias gestoras del tráfico humano; además de

convertirse en una válvula de escape a la presión social de sus países. Todo ello hacía muy difícil los procesos de devolución a los países de origen con garantías jurídicas y humanitarias,

además del pago por admisión de sus propios ciudadanos. El éxito de la inmigración africana está relacionado con el impulso del crecimiento económico y los cambios habidos en los sectores

productivos, unido a la universalidad del acceso a la salud pública y a los sistemas de ayudas sociales. En el caso de Almería, el cambio en la estructura de la empresa familiar agraria,

pasando a ser mediana o gran empresa unido a los procesos de comercialización, obliga a la contratación de mano de obra asalariada, siendo la emigración el nicho básico de mano de obra y

aunque no era lo deseado por los emigrantes, era la alternativa más viable para regularizar su situación y garantizar su supervivencia. De otra parte, el modelo productivo no estaba

preparado para acoger los contingentes migratorios e integrarlos social y habitacionalmente, lo que provocó situaciones de difícil justificación y abuso, con la aparición de fenómenos como

los pisos patera, la infravivienda y el chabolismo. Estas contradicciones y abusos no solo era responsabilidad de la sociedad de acogida, sino que también era y es de los propios inmigrantes

que abusaban de los que iban accediendo o encontraban en el chabolismo una situación para ahorrar gastos y poder transferir recursos a sus lugares de origen. El crecimiento de la

inmigración ha estado favorecido por el efecto llamada, manejado muy bien por las redes mafiosas y unido al buenismo de determinados colectivos, algunos supuestamente humanitarios, que han

sido colaboradores necesarios de los grupos mafiosos. Paralelamente la política del Estado en orden a la inmigración, desde la llegada al poder el actual Gobierno, se ha basado en el

«laissez faire», renunciando a aplicar la legislación vigente, disminuyendo los sistemas de control y gestión migratoria, así como a la acción de cooperación exterior coherente y decidida

con respecto a los países emisores. Todo ello ha generado situaciones de muy difícil solución pero que son necesarias abordar con urgencia desde el Estado y no solo con el voluntarismo de

las organizaciones humanitarias.