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La decisión del Tribunal de Apelaciones del 11 Distrito Federal, con sede en Atlanta (Georgia), responde a recursos presentados por el Departamento de Justicia y respaldados por grupos que
defienden los derechos de los inmigrantes, hispanos en su mayoría. Los demandantes pidieron que no se aplique la ley hasta que se complete la atención de cuestiones constitucionales más
amplias, un proceso que podría llevar varios meses. La legislación establece que las policías locales y del Estado detengan a las personas de las que haya "sospecha razonable"que
son inmigrantes indocumentados, que se verifique la situación legal de personas involucradas en infracciones de tráfico u otros incidentes menores, y que las escuelas públicas inquieran
sobre la situación legal de las familias de sus alumnos. Alabama es uno de los Estados que han promulgado sus leyes contra los inmigrantes indocumentados con el argumento de que el Gobierno
de EEUU, a quien compete la política de inmigración, no cumple con esa obligación. El dictamen de hoy da a ambos bandos victorias parciales ya que permite la entrada en vigor de algunos
aspectos y suspende otros de la ley.El jefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Thomas Pérez, en un foro comunitario en Birmingham (Alabama), escuchó testimonios
sobre el impacto que la ley ha tenido sobre la vida cotidiana de los inmigrantes y sus familias, sean o no documentados, y aún sobre ciudadanos estadounidenses. Según informes de la prensa
local, algunos inmigrantes explicaron a Pérez que no saben cómo irán a trabajar porque si van a renovar las licencias del automóvil o la de conductor o si hay algún problema de tránsito se
les exige que presenten sus documentos de inmigración. Otros indicaron que tienen miedo de enviar sus hijos a la escuela por temor a que las autoridades escolares inquieran acerca de la
situación de inmigración de los padres y las madres. Las disposiciones de la ley de Alabama que quedan en suspenso son las que requieren que los funcionarios del Estado verifiquen la
situación de inmigración de los alumnos en las escuelas públicas, y las que establecen que quienes no porten una tarjeta de registro como inmigrantes cometen un delito. Pero se permite que
la policía del Estado, "en el curso de detenciones o arrestos legítimos, intente determinar la situación de inmigración de una persona que (el agente) sospeche que es un inmigrante no
autorizado en este país". Los adversarios de la legislación señalan que esta disposición llevará a detener y a requisar documentos aún de ciudadanos estadounidenses simplemente por el
color de su piel o la apariencia étnica. Asimismo, queda en pie la disposición que convierte en un delito grave la participación de inmigrantes indocumentados en cualquier tipo de
"transacción de negocios"en Alabama, incluida la solicitud de una licencia para conducir vehículos automotores o para abrir un negocio.