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El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, mostró este lunes al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, su « ... preocupación» por la
sobreexplotación de las aguas subterráneas en este municipio y otros de la comarca del Noroeste. Y le reclamó, como ya hizo públicamente en septiembre pasado -ante las denuncias de vecinos,
regantes y ecologistas por la desecación de ríos, fuentes y manantiales- un aumento de las medidas de control y sanción para atajar las extracciones ilegales ligadas al 'boom' de
la agricultura intensiva. «Hemos pedido una vigilancia estrecha de las extracciones de agua ilegales y de aquellas que superan el tope autorizado en las concesiones de uso», explicó el
primer edil, del Partido Popular, a LA VERDAD. Y reiteró su compromiso contra unas prácticas irregulares que dañan al municipio a nivel ambiental, económico y social y que atribuye,
fundamentalmente, a «empresas que vienen de fuera a alquilar tierras y que no dejan nada en Caravaca, sino todo lo contrario». «Son empresas sin vinculación con Caravaca, que traen a diario
en furgones a los trabajadores del campo, que están de sol a sol, y luego se marchan después de esquilmar los acuíferos», afirmó el alcalde, cuyo equipo de gobierno ha encargado a una
empresa externa un inventario de embalses de riego, sondeos, tuberías y otras infraestructuras. RECORTE EN LOS MANANTIALES «Vamos a vigilar estrechamente el regadío intensivo, porque hay
empresas que no piden licencia en el Ayuntamiento para instalarse. No pasan por aquí y hacen lo que les da la gana», manifestó García. Y advirtió: «Si detectamos ilegalidades, las vamos a
denunciar». La CHS recordó al alcalde «que hay dictadas unas medidas cautelares para evitar el incremento de los usos realizados en los últimos años en aquellos acuíferos con declaración de
riesgo cuantitativo; y que los agentesmedioambientales llevan a cabo una labor de vigilancia y control sobre las concesiones de agua para riego» y que ha habido un «precintado de sondeos
ilegales». La última clausura ha sido la de un pozo ilegal en la finca Los Pocicos, en Tarragoya, a 50 metros del río Quípar, tras trece años de trámites. Urrea también indicó que el
Ayuntamiento «puede denunciar las actuaciones que entienda que podrían incumplir la legislación hidráulica». García también solicitó que, para futuras emergencias por sequía, no recortar a
los regantes un 25% las extracciones autorizadas en los manantiales, «porque se condena a que se sequen los frutales». ACCESOS A DOS NÚCLEOS Asimismo, el alcalde demandó mejorar los accesos
a dos zonas que atraviesan el dominio público hidráulico y han dañado las lluvias torrenciales y las crecidas en los cuatro últimos años: la urbanización Nueva Caravaca y El Llano, que suman
unos 400 vecinos. La CHS planteó firmar un convenio con el Ministerio, que asumiría el 70% del coste. García también solicitó revisar el cauce del Quípar, «obstruido por árboles secos»; y
agradeció los trabajos hechos en el río Argos, si bien pidió la limpieza de la rambla de las Cañas hasta su desembocadura en ese 'río.