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Jueves, 27 de junio 2024 | Actualizado 28/06/2024 10:13h. Comenta Compartir La ley de amnistía entra en una nueva y más problemática fase, tras su polémica aprobación por parte de las Cortes
Generales: la de su aplicación por parte de jueces y tribunales, a los que plantea numerosas «dudas» y aboca a una complicada «interpretación» caso por caso, y la de la simultánea revisión
de su legalidad por parte del Tribunal Constitucional (TC) y, en su caso, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En todo ello, así como en la inconstitucionalidad de la
norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para dejar sin efecto la mayor parte de los delitos relacionados con el 'procés' para la independencia de Cataluña, coincidieron
este jueves en Murcia destacados juristas. Lo hicieron durante una mesa redonda organizada por la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia en la Facultad de Derecho de la UMU,
bajo el título de 'La ley de amnistía, una encrucijada jurídica'. «Esta ley tiene una naturaleza política, a la que se pretende dotar de naturaleza jurídica. Estamos ante un
planteamiento absolutamente político, en cuanto a su concepción y ejecución, que se quiere valer del instrumento jurídico pero no de los principios jurídicos», advirtió el catedrático de
Derecho Penal de la Universidad de Murcia y abogado Jaime Miguel Peris. Y, tras señalar que el legislador «de nuevo pasa la pelota a quien tiene que tomar la decisión final» en cada
procedimiento judicial, hizo un augurio: «Igual que dije que pagaría el pato la judicatura con la 'ley del sí es sí', veremos cómo en un mes se dirá que el problema con la ley de
amnistía es su aplicación por parte de los jueces». Peris calificó de «gravísimo» y «una locura» que solo días después de la publicación en el BOE de llamada Ley Orgánica de amnistía para la
normalización institucional, política y social en Cataluña, se hayan dictado ya sentencias. Citó la del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad que deja sin efecto la condena al
exconseller de Interior de la Generalitat Miguel Buch por malversación de fondos públicos. También planteó los problemas relativos al tratamiento de ese delito, respecto a la consideración
del ánimo de lucro como enriquecimiento personal; del delito de terrorismo, al limitar el castigo a los actos que se consideren graves violaciones de derechos humanos; y de otras cuestiones
«absolutamente cuestionables» desde el Derecho penal. El letrado de las Cortes Generales y abogado Manuel Fernández-Fontecha alertó de que «se abre un abismo» para jueces y magistrados en
cuanto a su responsabilidad en la interpretación de una ley marcada por la indefinición. Y calificó de «abismo» la propia ley, pues vulnera la Carta Magna de 1978 y fija una discriminación
sobre la base de un «atentado al derecho a la libertad ideológica». Sobre lo primero, afirmó que «es imposible encajar la ley» en el texto constitucional, pues choca con el artículo 9,
relativo a la sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la propia Carta Magna. Sucede, explicó, que la amnistía, a diferencia del indulto, que no borra el delito, no está recogida de forma
«explícita» en la Constitución. IRONÍA SOBRE PUIGDEMONT Fernando Castillo, profesor de Derecho Procesal de la UMU, avisó: «La amnistía no es una ley de aplicación automática. Esto no es,
como ha dicho algún político, algo que está muy claro». E ironizó, en una crítica con la que aludió al fugado expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al Ejecutivo de PSOE y Sumar
y que arrancó risas entre el público: «La ley pone el alzamiento de las medidas de carácter personal lo primero, como si alguien tuviera que volver rápidamente al territorio nacional». «A
LOS ABOGADOS NOS PREOCUPA LA SITUACIÓN DE POLICÍAS Y GUARDIAS» La abogada y vocal de Penal del Colegio de Abogados de Murcia Isabel Rodríguez aseguró este jueves que la ley de amnistía rompe
la «seguridad jurídica» y comentó: «A los que estamos en las trincheras de los juzgados nos preocupa la situación de los policías y guardias civiles» imputados por su actuación en el
'procés' de 2017. Hay 46 procesados por presuntas torturas, delito excluido de la norma, dijo. Y añadió: «No hay un articulado claro. Tendremos que estar al caso concreto». El acto
en la UMU fue presentado por su exrector y actual presidente del colectivo organizador, Juan Roca. El exmagistrado murciano del Tribunal Supremo Antonio Salas moderó un coloquio. Y entre el
público estuvieron los diputados regionales Rubén Martínez, de Vox, y Maruja Pelegrín, del PP; y el expresidente de la Asamblea Regional Alberto Castillo. Comenta Reporta un error