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Lunes, 5 de mayo 2025 | Actualizado 06/05/2025 01:28h. Comenta Compartir No hay cambio de planes. El reparto de menores migrantes continuará en los términos aprobados por el Congreso. Las
comunidades autónomas gobernadas por el PP y el Ministerio de Juventud e Infancia que lidera Sira Rego volvieron a protagonizar un sonoro choque este lunes en Madrid a cuenta de la
redistribución que el Gobierno central prevé poner en marcha este verano. Ocurrió en la celebración de otro tenso Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, a la que las
regiones habían sido llamadas para abordar los términos para el reparto de los 4.400 menores migrantes procedentes de los sistemas de acogida colapsados de Canarias y Ceuta por el resto del
territorio nacional. La reunión, que se extendió durante cuatro horas, solo sirvió para escenificar el desacuerdo total de todas las autonomías del PP, más la de Castilla-La Mancha,
gobernada por el Partido Socialista, con el Ejecutivo central. «Hemos salido atónitos de esta conferencia sectorial en la que el Gobierno de Pedro Sánchez nos ha convocado sencillamente a
hacer un paripé, porque cuando han visto cuál iba a ser el resultado de la votación nos han dejado sin votar». El rechazo de Castilla-La Mancha fue la sorpresa del encuentro, y el motivo por
el que, según aseguran fuentes del Gobierno regional, no se permitió votar. El Pleno, que el Ministerio había convocado la pasada semana, y que tuvo que ser pospuesto por el apagón que
afectó a todo el país, tenía como único punto en el orden del día la validación del Real Decreto, acordado entre Gobierno y Junts y aprobado por el Congreso el pasado 10 de abril, para
modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y activar el reparto de los menores. Las regiones únicamente tenían la oportunidad de modificar los términos del reparto si alcanzaban la
unanimidad, pero esto no fue posible. Ante la falta de acuerdo, el decreto se mantendrá sin modificaciones respecto a lo aprobado en el Congreso. CASTILLA-LA MANCHA, GOBERNADA POR EL
PSOE,TAMBIÉN MOSTRÓ SU OPOSICIÓN AL REAL DECRETO APROBADO EN EL CONGRESO Sira Rego recriminó a estas regiones que llegaran al encuentro «con cero propuestas». Por ello, explicó que otorgará
de nuevo diez días a las comunidades para que actualicen los datos de sus sistemas de acogida y poder calcular de forma definitiva cómo quedaría el reparto de los 4.000 menores de Canarias y
los 400 de Ceuta. «No hemos visto ninguna mano tendida, ningún interés por querer solucionar la crisis migratoria que en estos momentos está viviendo todo nuestro país, y por supuesto sin
tener en cuenta las singularidades de comunidades como la Región de Murcia que tienen acceso de personas migrantes por tierra, mar y aire», denunció Conchita Ruiz. Hay varias dudas que la
Comunidad asegura no haber podido resolver: «Queremos saber por qué el esfuerzo realizado por las comunidades autónomas antes se valoraba con un 45% y ahora con un 6%», señalan fuentes del
Ejecutivo regional. También pide aclarar los motivos de la forma por la que se calcula «el dimensionamiento estructural», y «saber qué comunidades se quedan fuera del reparto y cuáles son
los motivos». Por último, la Comunidad pide saber, si tras el requerimiento del Supremo al Gobierno para hacerse cargo de 1.000 menores con derecho a asilo, estarán estos en el reparto. Por
este motivo, el Gobierno regional asegura no poder calcular cuántos menores le corresponderían –inicialmente se estimaron cerca de 190–, y confía en que prospere su recurso contra el acuerdo
ante el Tribunal Constitucional. LAS COMUNIDADES DEL PP Y EL MINISTERIO SE ENZARZAN EN UN DEBATE SOBRE LA FORMA DE LA CONVOCATORIA Los representantes de las comunidades gobernadas por el
Partido Popular volvieron a acusar al Ministerio de Juventud e Infancia de haber convocado la Conferencia Sectorial extraordinaria «de forma ilegal», al no haber acudido a los cauces
habituales para un encuentro de cuya necesidad «sabe desde hace mucho tiempo». La crítica, que ya hizo públicamente hace una semana la consejera de Política Social de la Región de Murcia,
Conchita Ruiz, al advertir de que el encuentro no cumplía «con los requisitos formales» necesarios, se repitió en las comparecencias de las distintas representantes populares antes y después
de la reunión, en un ataque sobre las formas escogidas por el Gobierno de España para cerrar el reparto de menores migrantes que se suma a los recursos de inconstitucionalidad que todas las
comunidades populares han tramitado o están tramitando ya. «El Gobierno no ha querido pasar esta convocatoria de forma ordinaria», lamentó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos
Sociales en la Comunidad de Madrid, Ana Dávila. Justificar la urgencia La representante madrileña pidió al Ejecutivo que «justifique la urgencia y los acontecimientos que han emergido de
forma urgente», que «es lo que dice el reglamento, y que está sin justificar, entre otras cosas, porque hace casi un mes que se convalidó este Real Decreto en el Congreso», aseveró. A estas
afirmaciones contestó la ministra Sira Rego, que defendió que el propio Real Decreto contempla la necesidad de celebrar la sectorial, por lo que con la convocatoria se daba cumplimiento a un
mandato del mismo. y subrayó que el reglamento de la Conferencia Sectorial también recoge la posibilidad de hacer convocatorias extraordinarias. «Todo esto está avalado por el cuerpo
jurídico del Gobierno; por tanto, entendemos que se cumplen absolutamente todas las garantías», afirmó. Comenta Reporta un error