Más de 16 años después de que el macroproyecto que habían dibujado en un secarral de Campos del Río, con hasta 2.700 casas y ... campo de golf, se viniera abajo, la estafa de Trampolín Hills

se ha saldado en la Audiencia Nacional con una pena mínima. Antonio Martínez González, conocido popularmente por el sobrenombre de El Melonero, y su exsocio Rafael Aguilera, promotores de

la conocida urbanización proyectada en Campos del Río que atrapó a cientos de familias y puso rostro a uno de los fiascos más sonados de los últimos tiempos, han sido condenados a dos años

de prisión. Los dos empresarios, sobre los que ya pesa una condena previa de cinco años de cárcel por otra estafa inmobiliaria, alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía y asumieron un delito

estado de insolvencia A la hora de aminorar la condena, explica el tribunal, se ha tenido en cuenta que los hechos se desarrollaron entre 2004 y 2007, que la instrucción finalizó en 2018 y

que, sin embargo, el juicio no se celebró en la Audiencia Nacional hasta el pasado abril. Una «dilación extraordinaria y indebida», subraya la Sala de lo Penal, que se debe a causas o

imputables a los acusados. De esta manera, en su acuerdo la Fiscalía aplica a ambos una atenuante de dilaciones indebidas y una atenuante muy cualificada de confesión tardía. MÁS DE 600

CLIENTES El relato de hechos por el que estos dos exsocios han sido condenados arranca hace dos décadas, en 2003, cuando se constituyó Solera El Trampolín SL. Al frente de esa promotora, aún

desconocida, se colocó Aguilera. Esta firma impulsó en Campos del Río un convenio urbanístico dirigido a levantar una macrourbanización de 2.750 viviendas, un campo de golf y pistas de

tenis, piscinas, ocho zonas comerciales, tres hoteles y otros tantos restaurantes, un centro médico y un colegio bilingüe. En el año 2005, la promotora Solera El Trampolín cedió los terrenos

y el proyecto a la mercantil Trampolín Hills Golf Resort, ya a nombre de Antonio Martínez, que fue con la que se firmaron dos convenios con el Ayuntamiento de Campos del Río para la

recalificación de los terrenos, que se pretendía convertir de rústicos a urbanizables. A partir de marzo de 2005, «sin contar con capital suficiente ni financiación que soportase las obras,

siendo los terrenos rústicos y conociendo que la reclasificación era imposible de obtener a corto plazo y sin poseer licencia de obras», Trampolín Hills inició una gran campaña promocional a

través de oficinas e internet. Más de 600 clientes de toda España y de un buen número de países de Europa se encapricharon sobre plano de alguno de esos inmuebles, adelantando cantidades

superiores a los 50.000 euros. En los contratos se hacía constar que se había firmado un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Campos del Río y se afirmaba que las casas se entregarían

en un máximo de 36 meses a partir del primer pago. Los acusados sabían que «era imposible cumplir tal plazo», dado que en ese momento no contaban, ni tan siquiera, con la orden de

reclasificación de terrenos. El Melonero y su socio, para aparentar viabilidad, construyeron una oficina de ventas, un bar y cuatro viviendas piloto. Además, «para ganar la confianza de los

clientes», se les entregaba un aval empresarial, a nombre de Trampolín Hills o Solera El Trampolín, y más tarde a cargo de una sociedad, denominada Swiss Financial Corporation, radicada en

Panamá y sin autorización para operar en España. Las viviendas proyectadas, más allá de esas cuatro casas piloto, nunca llegaron a construirse. Los terrenos no se reclasificaron y los

compradores –representados por diferentes acusaciones particulares, entre ellas la del abogado Pedro López Graña–, pese a sus muchas reclamaciones, no recuperaron el dinero. La cantidad

presuntamente estafada asciende a 54 millones de euros, un montante que fue destinado por los acusados «a fines que no guardaban relación directa con la construcción de las viviendas». El

destino final de ese dineral no se ha aclarado.