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SEGURO SOCIAL Lo que está en juego: garantizar que las generaciones actuales y futuras reciban los beneficios de jubilación que han ganado y de los cuales dependen. EL PROBLEMA: alrededor de
45 millones de trabajadores jubilados y 3.1 millones de personas a cargo reciben beneficios del Seguro Social. En este momento, para una de cada cuatro de esas unidades familiares el Seguro
Social constituye el 90% o más de sus ingresos. El Seguro Social también cubre a más de 6 millones de sobrevivientes de trabajadores fallecidos y a 10 millones de empleados discapacitados
y las personas a su cargo. Los beneficios mensuales promedio del Seguro Social son aproximadamente $1,500 para los trabajadores jubilados y $1,258 para quienes tienen discapacidades. Según
los cálculos más recientes de los administradores del Seguro Social, los fondos fiduciarios que ayudan a pagar el programa se agotarán en el 2035. Si no se modifica el sistema, en ese
momento el programa todavía podría pagar el 79% de sus beneficios actuales. Sin embargo, ese informe se realizó antes de que se arraigara el coronavirus. Un informe que publicó en mayo la
Facultad Wharton de University of Pennsylvania sugiere que los fondos fiduciarios se podrían agotar antes, ya que ingresa menos dinero al sistema debido a que millones de trabajadores han
perdido su empleo. LOS PROTAGONISTAS EL PRESIDENTE: en general, el presidente establece el programa para el Seguro Social, y no se puede aprobar ninguna ley sin la participación y la firma
del presidente. EL CONGRESO: los senadores y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tienen el poder de aprobar legislación para ajustar los impuestos, los pagos, las
edades, el control y otros factores del Seguro Social y son responsables de que el Seguro Social conserve su solidez económica. Los legisladores efectuaron cambios importantes en el programa
en 1983. LO QUE PIENSAN LOS VOTANTES: según una encuesta de opinión pública que llevó a cabo AARP, el 91% de los votantes mayores de 50 años dicen que los políticos que no protegen su salud
y su seguridad económica, en particular durante la pandemia, están alejados de la realidad. En la misma encuesta, el 93% de los participantes dijeron que, para ganar, los candidatos deben
hablar sobre los problemas relevantes para los electores mayores, incluida la forma en que evitarán los recortes al Seguro Social. CUIDADOS A LARGO PLAZO Lo que está en juego: cómo proteger
a los residentes de los hogares de ancianos y otros centros de cuidados a largo plazo contra enfermedades, negligencia y aislamiento, especialmente durante la pandemia de COVID-19, y cómo
asegurar que las personas mayores puedan tener la opción de envejecer en su hogar y en su comunidad. EL PROBLEMA: más de 50,000 residentes y miembros del personal de hogares de ancianos,
centros de vivienda asistida y otros establecimientos de cuidados a largo plazo han fallecido a causa de la COVID-19; esta cifra representa el 40% de todas las muertes a causa del virus.
Durante la pandemia, las familias no han podido visitar a sus seres queridos en los hogares de ancianos y ha habido una gran carencia de visitas virtuales. La dotación de personal en estos
centros ha sido inadecuada, al igual que el equipo de protección personal para los trabajadores que cuidan a los residentes de hogares de ancianos en el país. Las personas mayores aún no
tienen la posibilidad de elegir entre envejecer en una institución o en su hogar. Esto se debe a que si bien Medicaid debe pagar el cuidado institucional de los adultos mayores que perciben
bajos ingresos, los estados no tienen la obligación de ofrecer cuidados en la comunidad o el hogar. LOS PROTAGONISTAS EL PRESIDENTE: quien sea presidente en el 2021 tendrá el poder de
establecer políticas en cuanto a la disposición de pautas federales de salud y seguridad para los centros y servicios de cuidados a largo plazo. También tendrá el poder de firmar o vetar
toda legislación relacionada con los hogares de ancianos u otras leyes que apruebe el Congreso. EL CONGRESO: los senadores y los miembros de la Cámara de Representantes decidirán si aprueban
legislación para proteger a los residentes y mejorar la supervisión y las condiciones de los centros de cuidados a largo plazo del país, tanto durante la crisis de COVID-19 como en lo
sucesivo. CENTROS DE SERVICIOS DE MEDICARE Y MEDICAID (CMS): esta agencia supervisa la calidad y las operaciones de los hogares de ancianos que reciben fondos de Medicaid y Medicare, lo
cual incluye prácticamente todos los hogares de ancianos. Sin embargo, esta supervisión no se extiende a los centros de vivienda asistida. GOBERNADORES Y LEGISLATURAS ESTATALES: los estados
inspeccionan los hogares de ancianos en nombre de los CMS para determinar si cumplen con las pautas federales en cuanto a calidad, salud, higiene, mantenimiento de registros y atención
residencial general. Los estados también son responsables de regular los centros de vivienda asistida. LO QUE PIENSAN LOS VOTANTES: según una encuesta de opinión pública que AARP llevó a
cabo en junio, el 78% de los votantes mayores de 50 años dicen que, para ganar, los candidatos deben abordar el modo en que protegerán a los residentes de los hogares de ancianos contra el
coronavirus y las futuras pandemias. La misma encuesta también reveló que el 68% de los participantes dijeron que quieren que AARP exija que los líderes tomen más medidas para proteger a los
adultos mayores en los hogares de ancianos y en los centros de vivienda asistida.