En un nuevo informe de dos expertos en emergencias, contratados como peritos, resulta todavía más demoledor el relato de los hechos ocurridos en Valencia la noche fatídica de la Dana. El

trabajo, minucioso y en el que se quejan de la falta de colaboración de los responsables del gobierno autonómico, está ya en poder de la jueza de Catarroja y han sido citados a declarar como

testigos el nueve de mayo. En su informe se pueden leer frases tan categóricas como: «la falta de alertas fue una sentencia de muerte» o «la ausencia de planes convirtió barrios en trampas

mortales. La inacción local fue el golpe final. La Generalitat falló al liderar, alertar y coordinar y los ayuntamientos traicionaron su deber, multiplicando víctimas». Como conclusión final

tenía la menor experiencia en emergencias, resulta más difícil comprender como alguien no dio un golpe en la mesa y tomó el mando, llamó a la UME y envió la alerta. Y, mientras, los

valencianos, y sobre todo los familiares de las víctimas, siguen preguntándose dónde estaba el presidente de la Generalitat que tanto manda. Porqué no fue capaz de contestar a las llamadas

que le hicieron. Porqué, cuando cogía el teléfono, su respuesta no duraba más que un hola y adiós. Tras declarar Pradas ante la jueza que ella era una simple mandada, se entiende que no se

atreviera a pedir a Moncloa que declarase el nivel 3 de emergencias y se hiciera cargo de todo. Mazón la habría destituido de forma fulminante, pero se habrían salvado muchas vidas y, al

final, también tuvo que dejar el cargo. Aunque el presidente valenciano se niegue a contar qué hizo el día de la desgracia, donde estuvo toda la tarde en la que el agua se llevaba vidas y

haciendas, todo se acabará sabiendo. Como se han hecho publicas sus escasas y cortas comunicaciones con los desbordados responsables al mando de la desastrosa gestión de la catástrofe. La

jueza ha invitado a Mazón a declarar voluntariamente. Aunque se oculte todo el rato, tiene todos los boletos para acabar ante un juez.