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Al verse descubiertos por la Inspección de Trabajo, los seis supuestos empleados declararon que estaban descargando el material para levantar una caseta en el recinto ... ferial del Corpus,
en el barrio granadino de Almanjáyar. Pero enseguida empezaron a asomar contradicciones y datos que no cuadraban. Por ejemplo, dos de las personas interpeladas durante la indagación
reconocieron que no sabían lo que iban a cobrar por sus servicios, según detalla en su escrito de acusación la Fiscalía Provincial de Granada, que reclama que cada uno de los presuntos
autores del fraude, un hombre y una mujer, sean condenados a dos años y tres meses de prisión por la supuesta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores. En este sentido,
la investigación determinó, siempre según el ministerio fiscal, que los seis operarios no estaban dados de alta en la Seguridad Social ni tenían contrato. Para la Inspección, eran empleados
clandestinos, víctimas de la economía sumergida. MAYO DE 2023 Los hechos ocurrieron en mayo de 2023 y los procesados son una pareja de empresarios que habían obtenido el correspondiente
permiso municipal para instalar y explotar una caseta en el ferial de las fiestas del Corpus. Una vez que el Ayuntamiento de Granada adjudicó la concesión a la sociedad regentada por los
encausados comenzaron las labores para montar la carpa. Fue entonces cuando quedaron al descubierto las supuestas ilegalidades. Los testimonios de los teóricos trabajadores fueron
elocuentes. Uno de ellos, «que estaba descargando paneles de un camión, manifestó desconocer la cantidad de dinero que iba a percibir por ello y que había empezado a trabajar este mismo día
a las nueve horas». Otro presunto empleado, a la sazón familiar de los dos empresarios inculpados, afirmó que «estaba realizando trabajos de replanteo para el montaje de la caseta». DENUNCIA
Sea como fuere, el asunto acabó en una denuncia porque «ninguno de los trabajadores que trabajaban por cuenta y en beneficio de los acusados, habían sido dados de alta en el Régimen de la
Seguridad Social, antes de iniciar la actividad laboral, siendo conscientes los acusados de su obligación antes de emplear a los trabajadores», refiere el fiscal. «Como consecuencia del
impago de las cuotas de los trabajadores, la Tesorería General de la Seguridad Social sufrió perjuicios económicos cuyo importe no ha sido cuantificado», agrega el ministerio público. La
celebración de la vista oral de este caso está prevista para el próximo mes de junio en la Audiencia Provincial de Granada.