La jueza de la dana reclama a emergencias los datos de todos los autorizados para redactar mensajes del es alert | las provincias

La jueza de la dana reclama a emergencias los datos de todos los autorizados para redactar mensajes del es alert | las provincias

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Nuevo impulso a la instrucción judicial de la dana antes de que la próxima semana comiencen las comparecencias de testigos, fundamentalmente trabajadores de ... Emergencias. Sin embargo, el


primero del listado será José Ángel Núñez, el responsable de Aemet en la Comunitat. El dirigente siempre ha defendido que los avisos del organismo fueron acertados, que se cumplió la


previsión y que la alerta fue con la suficiente antelación como para adoptar medidas. El juzgado ha dictado este viernes diferentes resoluciones. En un auto acuerda que se requiera a la


Conselleria de Emergencias para que identifique a todos aquellos que estaban autorizados para el envío de mensajes a través del sistema Es Alert. Se trata de una diligencia que pidió en su


día Ciudadanos, acusación popular. Un grupo de representaciones al que se acaba de incorporar la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA). No fue la única resolución del día. La jueza ha


desestimado la solicitud de prueba realizada por una acusación particular para incorporar a la causa el informe anual de la presa de Forata de 2023 y, en su caso, el de 2024. Ya constan en


la causa informes de esas infraestructuras y la petición de otro «es redundante», responde la instructora. Igualmente, recuerda que la Guardia Civil está elaborando un documento con una


cronología de los hechos y que la citada presa se halla en una cuenta completamente distinta de aquella en la que falleció la pareja de la mujer que ejerce esta acusación particular. «Esa


prueba en nada servirá para esclarecer las causas y circunstancias de su fallecimiento». El tercer auto desestima el recurso de reforma interpuesto por la acusación popular que ejerce Acció


Cultural del País Valencià contra un auto previo por el que se denegaba solicitar a la Generalitat documentación e información sobre los teléfonos móviles oficiales de los dos investigados.


En su momento ya se dijo que esa diligencia afectaba «al secreto de las comunicaciones» y esa injerencia en tal derecho fundamental «solo puede llevarse a cabo con fundamento en la presunta


comisión de delitos dolosos». La instructora se reafirma en su tesis inicial. Al letrado todavía le queda la opción de buscar amparo en la Audiencia.