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Jueves, 29 de mayo 2025, 00:59 Comenta Compartir El Pleno del Ayuntamiento de Orihuela debate en su sesión ordinaria de hoy una moción para instar al equipo de gobierno local, formado por PP
a Vox, a modificar la tasa de residuos sólidos urbanos con el fin de establecer unos criterios de progresividad. La iniciativa de Cambiemos Orihuela toma como premisa argumentativa la
«justicia social». En Orihuela entró en vigor en enero de este año la subida de la tasa de basuras. Corresponde a la normativa nacional cumpliendo lo establecido por Europa en materia de
gestión de residuos con la que se debe financiar por los habitantes la totalidad del gasto del servicio. En el caso de Orihuela ha supuesto un 250% de subida media, aproximadamente,
situándose en unos 175 euros anuales para todas las viviendas del municipio, sin distinción del casco urbano, el área del litoral y las pedanías. Hasta la entrada en vigor de esta normativa
se establecía una diferenciación entre el lugar de residencia. En las pedanías era de unos 50 euros, en el casco urbano se situaba en unos 65, y en la costa, en función del tipo de vivienda,
era algo superior la tasa. Con la nueva tarifa se igualan todas las viviendas. Cambiemos denuncia que con esta medida no se tiene en cuenta el tamaño del hogar, la renta de las unidades
familiares, el volumen de generación de residuos y el uso real de la vivienda. No obstante, sí hay aprobadas algunas bonificaciones, destinadas a familias numerosas, monoparentales, personas
con discapacidad igual o mayor al 33% y víctimas de violencia de género. Sin embargo, desde la formación señalan que «aunque necesarias [estas medidas] resultan claramente insuficientes
porque muchas familias con rentas bajas o moderadas quedan fuera de estas ayudas por no cumplir estrictamente los requisitos a pesar de no poder asumir el nuevo coste sin esfuerzo económico
significativo». Por estas razones, esgrime la formación, es necesario revisar el actual sistema de pago de la tasa para dirigirse a un modelo en el que se fije el impuesto atendiendo a
criterios de «progresividad fiscal, equidad territorial y sostenibilidad ambiental». Sugiere al equipo de gobierno que esa progresividad se establezca a través de una ordenanza fiscal en la
que se tengan en cuenta factores como la renta de la unidad de convivencia, el número de personas empadronadas en la vivienda, la generación estimada de residuos y su correcta separación y
la consideración de primera o segunda residencia. Además instan a ampliar los supuestos de bonificación existentes para llegar a más población vulnerable. Aprovechan en la misma moción para
incluir en los puntos de acuerdo la actualización de otras tasas e impuestos como el IBI o la de ocupación de vía pública. Comenta Reporta un error